Han tenido suerte las Diputaciones Forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. La noticia se ha conocido en pleno verano, con la gente, incluyendo los gestores, pensando en la playita. El Correo titula: Las Diputaciones exigen a 300 empresas que devuelvan las ayudas prohibidas por la UE. La noticia es especialmente grave, aunque muchos la veían venir. Es grave en lo cuantitativo, hablamos de una cantidad superior a los 1.800 millones de euros, que afecta a 300 empresas vascas, y a algunas de ellas en cuantías superiores a los 100 millones de euros. Y es grave en lo cualitativo, pues como he señalado en alguna ocasión, es un golpe más en la credibilidad de nuestro sistema institucional.
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